Para aplicar las medidas de protección y derechos sobre la tierra de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento, con énfasis en los territorios étnicos, el gobierno colombiano creó en el año 2002 el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Tal proyecto es liderado y ejecutado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Desde su inicio, este proyecto ha contado con el apoyo técnico de la OIM
El proyecto busca el fortalecimiento institucional de las entidades del Estado para dar respuesta a la nueva Ley de Desarrollo Rural y orienta a las comunidades para que hagan exigibles los derechos sobre sus tierras y territorios.
Hasta el momento se han protegido 116.694 derechos de propiedad sobre 3.044.067 hectáreas, beneficiando así a 86.004 personas. Esto según fuentes del proyecto de Tierras (RUPTA-SNR-CTAIPD).
Además de la participación del gobierno colombiano, este proyecto es apoyado financiera y técnicamente por agencias de cooperación internacional como el Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Europea y OIM.
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Para aplicar las medidas de protección y derechos sobre la tierra de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento, con énfasis en los territorios étnicos, el gobierno colombiano creó en el año 2002 el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Tal proyecto es liderado y ejecutado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Desde su inicio, este proyecto ha contado con el apoyo técnico de la OIM
El proyecto busca el fortalecimiento institucional de las entidades del Estado para dar respuesta a la nueva Ley de Desarrollo Rural y orienta a las comunidades para que hagan exigibles los derechos sobre sus tierras y territorios.
Hasta el momento se han protegido 116.694 derechos de propiedad sobre 3.044.067 hectáreas, beneficiando así a 86.004 personas. Esto según fuentes del proyecto de Tierras (RUPTA-SNR-CTAIPD).
Además de la participación del gobierno colombiano, este proyecto es apoyado financiera y técnicamente por agencias de cooperación internacional como el Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Europea y OIM.
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