El municipio de San Onofre en Sucre fue por cerca de diez años blanco del terror y la violencia de grupos paramilitares que perpetraron delitos y violaciones contra la comunidad afectando las personas y la infraestructura básica del municipio. Un puesto de salud remodelado y dotado y otras obras de infraestructura, salud, purificación de agua y deporte hacen parte del Proyecto Piloto de Reparación Colectiva, liderado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos, que hoy es símbolo de esperanza y cambio para la comunidad.
En un acto simbólico que se realizó hoy, Ana Teresa Bernal, comisionada en representación de la sociedad civil de la CNRR, y Susan Reichle, directora de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia, inauguraron el Puesto de Salud de la Libertad.
Con este acto se finaliza la entrega de las obras priorizadas por la comunidad como parte de la etapa de mínimos vitales en el marco del proyecto piloto de reparación colectiva iniciado en el 2007.
 Las obras, ubicadas en los corregimientos de La Libertad, Sabanetica y Arroyo Seco en San Onofre, se priorizaron a partir de un proceso participativo de diagnóstico de necesidades y buscan garantizar a la comunidad local mínimos vitales a partir de los cuales pueda iniciar el diseño de su plan de reparación colectiva.
Este proyecto, junto a otros siete implementados en el país en regiones que fueron altamente afectadas por los grupos armados ilegales (como en Buenos Aires, Cauca; El Salado, Bolívar; El Tigre, Putumayo; La India, Santander; y Gabarra, Norte de Santander y en Medellín a través de las Madres de la Candelaria) es liderado por la CNRR y financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
La iniciativa, implementada con la cooperación técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), busca contribuir a la estabilización socio-económica de la comunidad, a través de la satisfacción de unos "mínimos vitales" que permitan posteriormente iniciar el proceso de reparación colectiva.
Entre 2006 y 2007 en San Onofre se localizaron 42 fosas comunes de las 44 que se ubicaron en todo el departamento. En Sucre ocurrieron 30 masacres entre 1993 y 2006, según estadísticas de la Vicepresidencia de la República, entre ellas la de Chengue, Chinulito, Macayepo, El Salado, Pigiguay y Coloso.
De acuerdo a la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno debe implementar un Programa Institucional de Reparación Colectiva con acciones orientadas a recuperar la institucionalidad. El programa debe contribuir a reparar los daños que han sufrido las comunidades como consecuencia de las acciones de los grupos armados ilegales.
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